Los parlamentos de América Latina y el resto del mundo siempre han sido epicentro de la atención pública por su esencial multipartidista, discursiva-ideológica y legislativa. Por años, la politología moderna demandó de las Asambleas Nacionales un mayor vínculo con la sociedad, al igual que un desarrollo en su organicidad deliberativa interna. En el caso panameño, tomando en cuenta los rasgos mencionados, la Asamblea Nacional desde su instalación el 1 de septiembre de 1906 (1) y en las décadas que siguieron, paso a erigirse como el órgano más representativo del Estado, por ser primordialmente el edificador de la estructura jurídica de la naciente República.
El advenimiento de la era republica proyectó nuevos retos y desafíos en el ámbito político, social y parlamentario, dado que se hacía imperante reorientar los viejos esquemas doctrinales que heredamos de Colombia.
Políticamente, el fraccionamiento de la unidad entre liberales y conservadores concebida en 1903, trastocó los planes y las exigencias de desarrollo que requería el nuevo Estado. Las pugnas partidarias por alcanzar el poder se convirtieron en la regla de la política criolla en el discurso del siglo pasado, teniendo en cada etapa formativa de la Republica nuevos actores políticos. A pesar de ellos, el país no interrumpió su marcha hacia la consolidación y el perfeccionamiento del Estado Nacional.
En el siglo XX, el poder legislativo desempeñó un rol fundamental, convirtiéndose en el principal foro de debate público, donde se discernían grandes temas nacionales que hicieron variar en determinadas coyunturas el rumbo del país, destacándose, entre otros: el desarme de la Policía Nacional y la probación de una nueva codificación en 1916, el problema limítrofe con Costa Rica que desemboca en la guerra de Coto (1921),
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